Cinco trabajadores de la Preparatoria Federal por Cooperación Altavista —tres maestros y dos auxiliares administrativos— fueron dejados sin salario por los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en lo que se interpreta como un rudo golpe más dentro de la campaña del Estado tendiente a desaparecer ese centro de estudios, según denunciaron los afectados.

La retención del estipendio de los docentes y administrativos de Altavista, correspondiente a la quincena del 15 de febrero, no fue notificada por escrito y se produjo seis días después de que Héctor González Estudillo, jefe de Secundarias Técnicas en el estado, informó a los cinco trabajadores su inminente remoción a otros centros de estudios de menor categoría. El funcionario anunció la decisión de manera verbal y se negó a hacerlo por escrito.

De acuerdo a la denuncia de los trabajadores, el 9 de febrero, González Estudillo llegó a la ciudad y los citó en las instalaciones de la secundaria Técnica No. 64 para informarles de la decisión sin avalarla de manera oficial. El funcionario sólo explicó que la reubicación del personal decidida a escuelas secundarias técnicas se debía a que el techo financiero de la Preparatoria Altavista habría sido también transferido a la dependencia bajo su mando.

Según Armida Valverde Cabral, directora de la escuela, la reubicación que propone SEECH es arbitraria e ilegal debido a que la clave que ostentan los tres maestros afectados corresponde a la de Profesor de Enseñanza Preparatoria Foránea, una categoría docente autorizada desde 1978 por la Unidad de Educación Media Superior, dependencia en ese entonces adscrita a la Secretaria de Educación Pública.

En lo que respecta a los dos trabajadores administrativos, la Secretaría de Educación nunca estableció el nivel al que corresponden, pero ambos tienen más de una década de laborar en un plantel con clave de preparatoria.

El tono con que González Estudillo informó a los trabajadores de su reubicación fue inmediatamente interpretada por éstos como una amenaza velada y no pasaron muchos días para que sus sospechas se confirmaran. El 15 de febrero, a los trabajadores, incluida la directora del plantel, se les negó la entrega de su salario correspondientes a la primera quincena de febrero y, hasta ahora, la dependencia no se ha pronunciado ni ha emitido información oficial que justifique el hecho.

De acuerdo a Valverde Cabral, la amenaza de reubicación laboral y la retención indebida de los salarios de los cinco trabajadores es parte de un plan puesto en marcha por el gobierno con el objetivo de desaparecer el plantel. La idea es “quitarle el agua al pez” para finiquitar un proyecto de educación crítica que le estorba a la clase empresarial y al gobierno, dice Valverde Cabral.

Según esta tesis, la estratagema de SEECH estaría enfocada a adelgazar lo más posible el techo financiero de la escuela con el objetivo de debilitar su proyecto educativo y facilitar las cosas para que el propio Estado finalmente arrebate y ocupe las instalaciones ubicadas al pie de una de las zonas más depauperadas, pero estratégica, al norponiente de Ciudad Juárez.

El techo financiero de este tipo de preparatorias—creadas por Lázaro Cárdenas del Río en los años cuarenta— lo constituye el número de plazas de trabajo autorizadas por la Secretaría de Educación Pública y representa el 33 por ciento del financiamiento de la escuela. Desde 2005 esa dependencia dejó de autorizar nuevas plazas para la Altavista pese a que desde ese año varios maestros habrían ido dejando libre su cargo después de su retiro por razones diversas.

Si el techo financiero de escuelas como la preparatoria Altavista representa una parte del presupuesto asignado por la SEP vale la pena preguntarse a dónde han ido a parar esos recursos, particularmente en los casos en que la dependencia no ha autorizado nuevas plazas, se pregunta Valverde Cabral.

Para la directora del plantel los fines y objetivos del embate están claros. Se entiende que tanto la reubicación, anunciada por Gonzalez Estudillo, como la retención ilegal de los salarios es un paso más para golpear una escuela que no se ajusta ni a los intereses de las autoridades educativas ni a los del sindicato oficial. Más allá de la flagrante violación de los derechos laborales, la reubicación y confiscación de sus salarios, constituye el despojo de los recursos asignados a esa escuela, sin los cuales es difícil su funcionamiento.

La reducción del techo financiero no ha sido la única arma usada por las autoridades en contra de la Altavista. Desde hace años el subsidio federal al que tiene derecho por ley prácticamente le fue cancelado y su reducida plantilla de maestros sobrevive gracias a las cuotas escolares pagadas por los alumnos.

Las amenazas del cierre de esta escuela no son aisladas. Se inscriben dentro de la ola privatizadora que recorre la educación publica en el país. Sus amagos han crecido en el ejercicio de los gobiernos neoliberales de las últimas décadas, proclives al libre mercado, la desregulación económica y la privatización de los bienes públicos. La mejor arma esgrimida por el estado en contra del interés de escuelas con vocación popular ha sido dejarlas sin presupuesto.

“Pero nosotros no vamos a permitir el cierre de la preparatoria Altavista ni vamos a entregar sus instalaciones”, dice su directora con 30 años de labor en ese establecimiento. Desde la notificación verbal acerca de la reubicación de los cinco trabajadores y la retención de sus salarios, Armida Valverde —junto al personal académico y administrativo— se a dedicado a buscar y delinear estrategias de lucha y resistencia para enfrentar las batallas que se avecinan.

En el análisis, algunos maestros han encontrado que la estrategia de SEECH en contra de la escuela proviene de los mismos funcionarios que operaron en la anterior administración encabezada por Cesar Duarte. Lo lamentable en esta parte, dice Crescencio Chávez, coordinador administrativo de Altavista, es que el golpeteo en  contra de nuestra escuela demuestra que ni Javier Corral ni Pablo Cuarón han sido capaces de desmontar la estructura corrupta y arbitraria en SEECH, dependencia que desde 2014 pretendió reubicar las plazas de la Altavista a diversas secundarias técnicas de la ciudad.

En la práctica, según Crescencio Chávez, Corral y Cuarón “le están haciendo el trabajo sucio a Duarte”, un ex gobernador perseguido por el fantasma de la corrupción e impunidad. En sus años al frente de la administración pasada, César Duarte buscó cerrar la preparatoria Altavista y sustituirla por otra de sello eficientista y neoliberal, pero su cometido fracasó al encontrarse con la resistencia de los trabajadores.

Para enfrentar la acometida actual y como una primera medida de su lucha, los trabajadores de Altavista  interpusieron, el 21 de febrero pasado, un recurso de queja ante la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua en la que expusieron que la decisión de remover a los cinco trabajadores de su actual centro de trabajo y retenerles sus salarios constituye una clara violación a sus derechos laborales.

Según el recurso de queja al que tuvo acceso alLímite, la acción de SEEH en contra de los académicos y personal administrativo de Altavista es violatoria a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo “en cuanto a la forma y tiempo de notificación antes de iniciar el trámite. Sin antecedentes no puede llevarse a cabo el procedimiento sancionador”, señalan los ofendidos.

En su demanda,  establecen que la dependencia “ha dejado de cumplir las prestaciones básicas del trabajador, como lo es el salario, el cual no puede suspenderse sin que medie notificación previa”

Firmado por Armida Valverde Cabral, Perla Martínez Rodríguez, Rodolfo Arredondo Gojara, Verónica García Torres y Jesus Efrén Licón Armendariz, el recurso de queja solicita a la Secretaría de la Función Pública su inmediata intervención para que SEECH respete los derechos laborales y humanos de los trabajadores y pide que “las cosas vuelvan a su estado anterior, reservándose el derecho de impugnación de la medida tomada, a fin de no ser removidos los trabajadores del centro de trabajo 08DBC0047E”.

Hasta el cierre de esta nota, la dependencia no había respondido oficialmente a la petición de los trabajadores