La sucesión en la UACJ es una buena oportunidad para repensar una universidad que trascienda los parámetros mercantilistas en los que la ha sumido el modelo de desarrollo neoliberal, sugiere César Silva Montes en esta segunda entrega sobre Medios, Universidad y Democracia. En una especie de recuento de daños y yerros programáticos desde la academia, el autor aboga por el resurgimiento e impulso de una casa de estudios más “deliberativa” y, por lo tanto, más democrática.

La sucesión en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) ocurre en el contexto de las políticas neoliberales universitarias profundizadas en los noventa del siglo pasado. Sintéticamente consisten en: 1) el diseño curricular vinculado al mundo del trabajo, hoy visible en el enfoque por competencias; 2) la exigencia de calidad educativa como fuente de legitimidad social por la acreditación de programas con criterios externos a las universidades y relacionados con la eficiencia y la rentabilidad; 3) la evaluación como rendición de cuentas de instituciones, profesorado y alumnado que condiciona el financiamiento de acuerdo con parámetros decididos desde el Estado; 4) la elaboración de un modelo educativo institucional que homogeneiza a las universidades en la enunciación de la misión, la visión y su desarrollo bajo la planeación estratégica y el ISO:9000; 5) en el siglo XXI al profesorado se le capacita con las habilidades digitales, como facilitador de la enseñanza constructivista y en competencias; 6) y el exhorto a registrar patentes en la sociedad del conocimiento.

Las políticas anotadas las han analizado, criticado y difundido estudiosos y estudiosas del devenir universitario, resaltando los efectos “no deseados” o “secundarios”. No obstante, los rectores y la Asociación de Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han adoptado la estrategia neoliberal; ya sea por convencimiento o porque aceptar las directrices es la única vía para aumentar el financiamiento. Por ejemplo, en el discurso la evaluación como rendición de cuentas parece incuestionable. Pero existe un debate entre la obligación de transparencia de las universidades y el control político-burocrático hacia instituciones y personas. En este marco, puede afirmarse que, si las universidades desean presupuesto, deben ceder autonomía. Si se quiere conservar la autonomía, entonces se debe entender que habrá menos recursos. Una muestra es la aceptación de exámenes de egreso del Ceneval como un indicador de calidad, que modifican los planes de estudio universitarios hacia los conocimientos y habilidades requeridos por el empresariado.

Otro de los “efectos no deseados” de las políticas neoliberales universitarias es la traducción de la calidad educativa a números que descartan los aspectos empíricos de las aulas y las prácticas institucionales. Hoy la calidad universitaria es una condición para atraer más estudiantes y se difunde con estadísticas: “programas 100% acreditados”; “planta académica con X miembros del Sistema Nacional de Investigadores”; “premios ganados en concursos estudiantiles”; “niveles de empleabilidad de las y los egresados”, entre otros. El mismo estudiantado entiende que el mejor referente de calidad profesional es el empresariado. Esta dinámica provoca la competencia mercantil entre universidades y si no es mensurable no hay calidad. Como si fuera factible medir los valores de respeto a la diversidad, la igualdad de género, el compromiso ciudadano o la preservación de la cultura, del perfil de egreso. Además, incluir un posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad requiere una política de calidad, similar las empresas, y burocratizar al máximo la gestión del programa.

Es amplia la lista de los “efectos secundarios”, así que solo expongo unos cuantos. Los programas de estímulos como forma de evaluación de la productividad académica trajeron simulación y la lógica del trabajo a destajo para obtener más dinero. Las encuestas de opinión no mejoraron la docencia y se convirtieron en una instancia de venganza del estudiantado sobre el profesorado. La evaluación, igual que la calidad es mensurable y no representa la dinámica de la universidad ni la calidad de la producción académica. Todo se vuelve una lista de verificación y priva la evaluación externa, unilateral y burocrática. En el diseño de la evaluación rara vez intervienen profesorado y alumnado, se privilegian los resultados sobre el proceso y se desvirtúa cuando se otorgan recompensas. Así se invalida el discurso que justifica la evaluación que busca la mejora y no la sanción, porque si no se alcanzan los indicadores se pierde acceso a recursos, promociones o contrataciones. Sin embargo, la evaluación se considera imprescindible y negarse a ella es políticamente incorrecto.

En el debate respecto al devenir de la universidad, se expresan corrientes a favor de las modificaciones implantadas por el Estado. Se pondera que los estímulos monetarios trajeron mayor producción de la planta académica y la diferenciación premió el compromiso de cada docente. Las encuestas de opinión permitieron que el cliente del servicio educativo, sea el principal evaluador de la enseñanza y es un aliciente para mejorar el trabajo en el aula. La evaluación como rendición de cuentas trajo mayor transparencia, la entrega de recursos condicionados a objetivos medibles eficientizó la tarea en las universidades. O la aceptación de los exámenes de ingreso y egreso como base de la calidad educativa en la formación profesional. También se considera adecuado modificar los currícula de acuerdo con el avance tecnológico y las demandas de los empleadores. Por último, intensificar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las clases y capacitar al profesorado en las habilidades digitales y el idioma inglés para la educación global.

En el contexto social, los rectores (y alguna rectora) a nivel retórico comprenden que aumenta la desigualdad en el mundo y la universidad transformarse. Desde 2008 en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) se declaró a ésta como responsabilidad de los Estados. En el Encuentro Universia de 2018 Marcelo Knobel, sostuvo: “El combate a la pobreza, la desigualdad y la exclusión en América Latina exige tener universidades…  comprometidas con la sociedad… no sólo deben garantizar que más jóvenes vayan a las aulas universitarias, sino que logren permanecer en ellas para acceder a una formación humanista y ética” (La Jornada 3/6/2018). Pero a la universidad la acecha el peligro de convertirse en empresa cuando se financia a sí misma, según declaró Boaventura de Sousa en la CRES 2018. Agregó, que el único valor del conocimiento es el mercado y el proyecto neoliberal “pretende construir un capitalismo universitario… incompatible con la universidad como un bien común de las sociedades” (La Jornada 17/6/2018).

Así, para el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana el conocimiento es una fuente potencial de recursos económicos propios. Sugiere un plan de ingresos con la educación continua, empresas, revitalización de convenios y patentes, entre otros, complementarios del subsidio federal (La Jornada 8/4/2018). Entonces el conocimiento generado en las universidades públicas, pagado con dinero de la gente, se comercializa antes que pensar en su utilización social. De ahí el interés de las reuniones de información para el profesorado universitario sobre la propiedad intelectual en tiempo de capitalismo académico. Respecto a la tecnología, el rector de la UNAM exhorta a ir a la par de esta revolución y el principal obstáculo son las comunidades académicas porque son conservadoras (La Jornada 23/5/2018). Y en la era digital la posibilidad del empleo y movilidad social en el país son limitadas por la automatización en la industria y los cambios en los modelos educativos, según Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México (La Jornada 24/5/2018).

Esta es la discusión que me parece importante. La perspectiva de cómo es o debe ser la tarea social de la universidad. Gastar en un desplegado para denostar contra un candidato y acusarlo de ser el causante de los problemas de la UACJ, es ocioso porque no aluden a más evidencias que la pérdida de acreditación de programas. Pero si revisamos las cifras de los programas en el padrón de calidad, el número de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, los Cuerpos Académicos consolidados, entonces tendríamos que atribuirlos a Manuel Loera, siguiendo su lógica. Más allá de las cifras, no creo que un solo funcionario sea responsable de los éxitos o fracasos de la UACJ. Es faltarle al respeto a quienes trabajan por la institución. Aceptando sin conceder, si así fuera: ¿la denunciante se dio cuenta 12 años después de la situación? ¿Por qué hasta que fue candidato se le ventilan sus “defectos”? También se le debería reconocer la iniciativa del PIVA, programa para vincular la investigación con la resolución de problemas sociales.

Tampoco suscribo eso de los títulos y reconocimientos que se mencionan en el desplegado. La educación capitalista es diferenciadora y jerarquizante. Cuenta más los títulos o la capacidad oratoria, en ocasiones, que la experiencia de la persona. Por ejemplo, Salinas es doctor en economía por Harvard y dejó al país más pobre y desigual. Pero no descalifico a quienes investigan, escriben, dan conferencias o divulgan la ciencia, porque es digno de encomio. Solo manifiesto mi desacuerdo con la inflación de los títulos como sinónimo de capacidad. Respecto a la burocracia, también el profesorado es. Aceptamos tiempos y movimientos. Vamos al programa de estímulos por la necesidad de aumentar los ingresos. A pesar de que es un control político, solo aspiramos a mejorar las reglas de participación meritocráticas. No evitamos llenar formatos que muestran la desconfianza hacia nuestro trabajo y ética, como el de inicio y cierre de semestre de las actividades que realizaremos. Si no enviamos el formato, nos reconvienen de la contraloría.

Otro punto para debatir es la vinculación de la universidad con la industria. Es conveniente, pero no bajo la lógica empresarial. En el Seminario de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores de febrero de 2018 celebrado en la UACJ, ponentes pro-empresa solicitaron sin matices adaptar el currículo universitario a sus demandas. Incluso se encargó al profesorado priorizar la preparación para el empleo al estudiantado. Por tanto, amerita la discusión de si ésta es la tarea de la universidad, que se extiende a valorar el usufructo de las patentes y de ceder laboratorios e instalaciones a la empresa; reflexionar cómo se cumple el fin ideal de la universidad de favorecer a la sociedad. Otra deliberación es si la organización vertical y burocrática no convierte a la planta académica en simples gestores de conocimientos subordinados a la administración. No convertirse en una universidad calamitas, según Ibarra, que igual que la línea de montaje de Ford forman en las “fábricas del saber” competentes “trabajadores del conocimiento” estandarizados e intercambiables.

No es mi interés proponer la agenda de discusión en la UACJ, sino secundar a quien ya escribió la posibilidad de una universidad deliberativa. En este sentido, se trata de la expresión de las diferentes para imaginar y concretar la democracia que deseamos.