La presunta adherencia al discurso del gobernador por parte de un grupo de académicos de la UACJ en tiempos de la lucha por la rectoría, los yerros de Javier Corral en materia educativa y la publicación de una inserción pagada que descalifica a uno de los contendientes, cuyo pago en un medio local no ha sido hasta ahora lo suficientemente esclarecido, son los temas que ocupan a Cesar Silva Montes en este segundo artículo que alLímite publica a propósito de la sucesión del mando en esa casa de estudios.

Tengo duda de los medios por su carácter mercantil. En época de elecciones es manifiesto el desagrado de Milenio y La Hora de Opinar de Leo Zuckerman por el posible triunfo de López Obrador. Por suerte, en Internet surgieron programas como Proyecto Puente, Contraviento, ahí se “refugió” Carmen Aristegui y hasta El Charro Político. Noticieros y mesas de análisis con una perspectiva crítica del México actual, donde se cumple el derecho de réplica y un contrapeso a la propaganda oficial. En el caso de alLímite, es un proyecto amplio y no comercial de voces en la política, el arte y en la sociedad. Sin describir alLímite como un ejemplo para nadie, decidí desde estas páginas participar en el debate generado por la sucesión de rector en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Primero, porque ahí trabajo y, coincidentemente, mi línea de investigación es sobre el devenir de las universidades mexicanas. Segundo, porque dos desplegados pagados sobre la UACJ y su futuro merece intercambiar opiniones.

Me hubiera gustado que las críticas sobre la UACJ se reflexionaran y, sin temor a las palabras, confrontaran en nuestros espacios académicos, sindicales o administrativos. Así honraríamos una de las razones de ser de las universidades: la discusión de ideas en la pluralidad, con el ánimo de construir algo distinto y más democrático; sin obviar el contexto neoliberal y restrictivo que los últimos cinco gobiernos de la república aplicaron a las universidades públicas. No aspiro a repetir la dinámica de los debates presidenciales en donde abundan las descalificaciones, los datos imprecisos y el discurso incendiario, queriendo ganar votos. Aspiro a plantear ideas, hechos y proponer puntos de encuentro. El debate es político, no personal, por eso no me interesa citar nombres o presentarme como el dueño de la verdad. Me importan más los sucesos, los conceptos en juego y las prácticas políticas que deseamos.

Empiezo con el primer desplegado de 2016, firmado por 59 académicos y académicas, en el marco de la elección de Javier Corral para gobernador. En el primer párrafo se invoca a la promesa de Corral de respetar la autonomía universitaria, vigilar la transparencia de las finanzas y la apertura democrática. Las y los firmantes se adhieren al discurso del gobernador y reiteran una universidad democrática y más vinculada con las necesidades de quienes menos tienen. En sus siete puntos mencionan la libertad académica y sindical, investigación para la sociedad y acceso universal a la UACJ. Vale. De lo que dudo es del exhorto final del desplegado: “…son tiempos de cambio, de una mayor apertura y participación democrática y nuestra Universidad no es ajena a ellos.” En lo educativo, Javier Corral comparte la idea contraria de las demandas de las y los suscribientes: votó por la reforma punitiva en la educación básica, incumplió la promesa de la universidad gratuita y nombró secretario de educación a un empresario del ramo ferretero.

Nunca entendí la mención al panista cuyos programas de gobierno nunca han planteado la gratuidad de la educación, menos a nivel superior. Fox continuó la política empresarial con los Programas de Escuelas de Calidad y la educación en competencias para ligar al bachillerato con el mundo laboral, como único horizonte para la juventud. Calderón firmó el Acuerdo por la Calidad de la Educación con Elba Esther Gordillo, hoy denostada en las campañas electorales. En nada cambió la estrategia de evaluación que condiciona al financiamiento a las universidades. Hoy Corral apoya a Ricardo Anaya y en su programa de gobierno no encontraran el compromiso de la educación universal a la universidad y si la vinculación de la investigación con las empresas. Los conflictos del gobierno estatal con el profesorado del Colegio de Bachilleres regateándoles prestaciones, o la falta de pago a docentes de educación básica provocó un paro y se resolvió con un acuerdo con la cúpula sindical. ¿Esos son los tiempos de cambio?  Ni qué decir con la inseguridad.

Por otro lado, ¿acaso la universidad necesita de cambios externos para modificar su accionar? Ejerciendo su autonomía ¿no es factible democratizar sus sindicatos, procesos electorales y decidir si prioriza su función a la sociedad marginada o la empresa? ¿Qué le impide, cuando exista convicción, manifestarse contra las políticas de financiamiento a la educación? Recuerdo que en 2012 fundamos la Asociación Barrios Serra, defensor de la autonomía universitaria. Pensamos en la necesidad de que la UACJ debería empezar a transformarse. Los ideales del momento coinciden en lo esencial con los del desplegado citado. Hasta hicimos un acto de presentación de la asociación y después se diluyó. Uno de los problemas principales fue que los funcionarios se convertirían en juez y parte. Por tanto, renunciaron. Entonces no eran “tiempos de cambio”, porque volvió a ganar el PRI. No obstante, se intentó un cambio desde nuestra cotidianidad. En 2016, se dio el relevo sindical con tres planillas. ¿Esto podría atribuirse a situaciones externas?

En el segundo desplegado de 2018 se dedica descalificar a un candidato. Se invoca la ilegalidad e ilegitimidad con base en la Ley Orgánica. Se exige respetar los tiempos de la convocatoria, porque se les adelantaría a otros posibles aspirantes. También se enuncia el manido discurso de intereses de grupo y comportamiento sectario. Pueden tener razón, reitero que no poseo la verdad. Pero igual que la firmante tiene el derecho de expresarse libremente, le comento mi reflexión. Lo legal no es, necesariamente, legítimo. Esperar los tiempos de la convocatoria es seguir la vieja usanza del PRI de control sobre los posibles candidatos. ¿Es ilegítimo difundir un plan y convocar a reuniones para presentar un plan de gobierno universitario? ¿Publicar un desplegado pagado, de una plana entera, divulgando un perfil de rector que no corresponde a ninguno de los aspirantes, y en cambio se encubre a un candidato con un rasgo académico, es legítimo y equitativo? ¿No habría que modificar desde ya, las políticas de siempre y leyes obsoletas?

Tan sencillo que hubiera sido enviarnos por correo sus críticas o convocarnos a una reunión. Como lo hizo el sindicato del personal académico del Instituto de Ingeniería y Tecnología y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Artes. IIA. Sin estridencias demandó a cualquier candidato: servicio médico en las actividades fuera de la ciudad, apoyo para vivienda, la casa del maestro, aumento salarial y modificación del estatuto del personal académico. Tal vez no convocan porque piensan que no acudiríamos y es más fácil hacerlo vía inserción pagada. Y hablando de ilegalidad o propaganda anticipada, ¿no es una forma de pagar propaganda? ¿De dónde salió el dinero? ¿A nombre de quién la factura? ¿Alguien expidió un cheque? No pretendo descalificar ni elucubrar de lavado de dinero como se le acusa a Ricardo Anaya, solo apelo a la transparencia y dar a conocer a la sociedad, porque ya se invocó, y a la comunidad de universitaria de donde salió el dinero para costear el desplegado.

Me regreso al periódico donde se publicó el desplegado. En la columna hace tiempo señaló que el dedo de Javier Corral había apuntado por el médico Morán. También se reseñó una comilona con tintes electorales del supuesto elegido. Creo que el periodismo de filtración no es el más confiable, pero si fuera cierto invalida la promesa de Corral. De eso nada trata el desplegado. Eso sí sería inequitativo e ilegítimo. Sería adecuado que los periódicos locales realizarán reportajes para entender por qué hoy la UACJ vive un proceso inédito. Convendría que hurgaran en la historia sobre los procesos para elegir al rector, indagar si efectivamente han intervenido los gobernadores en la elección. En el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua era un secreto a voces la necesidad de la venia del gobernador. También podrían entrevistar a los aspirantes, seguir su trayectoria laboral o académica, buscar la opinión de estudiantado y profesorado. Recoger las opiniones de quienes pugnan por diversos proyectos de universidad.

Por último, ¿qué de noticioso tiene emitir comentarios producto de filtraciones y mostrar fotografías en La Columna de un evento que no fue clandestino? Si hubieran cubierto el evento de presentación de la versión 2 de Transformando la universidad contigo, difundirían que la conducción del evento y las propuestas centrales para la rectoría y el posible avance de la UACJ la hicieron una mujer y un hombre. Pudieran haber registrado los currículos de cada académica y académico. Además, que una asistente exigió un lenguaje inclusivo de género y en el gobierno universitario. O la opinión sobre la omisión de la importancia de fortalecer la defensoría de los derechos universitarios. También que asistieron estudiantes, personal administrativo y profesorado. Que el monopolio de la palabra no fue para el candidato y ni siquiera cerró el evento. Se trató de evidenciar que el proyecto no se reduce a un hombre, sino al grupo de académicas y académicos. Más allá del candidato, no necesitamos el poder formal para reformar la universidad. ¿O sí?