A pesar de sus implicaciones sociales, el caso de María Guadalupe Pereda Moreno, acusada del asesinato del abogado Carlos Balderas, ha sido relegado a la página policiaca de los medios locales. A la luz del derecho y la política, el activista Julian Contreras analiza el rumbo que podría tomar el proceso legal en contra de la indiciada y alerta sobre el sentido patriarcal de la justicia en el contexto de la violencia en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. 

El 14 de octubre pasado fue detenida María Guadalupe Pereda Moreno como presunta responsable de la comisión del delito de homicidio. Según versiones periodísticas, la joven estudiante de derecho, de 19 años de edad, disparó mortalmente en tres ocasiones en contra de Carlos Balderas después de desarmalo. Los hechos sucedieron frente al domicilio de Pereda Moreno quien después de haber sido amenazada de muerte por Balderas lo desarmó y activó el arma en su contra.

De acuerdo a versiones de las autoridades, Carlos Balderas, un abogado juarense de 37 años, ejercía una relación de violencia intrafamiliar contra la hoy detenida. El caso toma relevancia social por las implicaciones jurídicas y políticas, independientemente del sentido del juicio que impulse la Fiscalía del Estado en las próximas horas: ya sea por homicidio doloso, por homicidio culposo (exceso de legítima defensa), o por homicidio en legítima defensa (causa de justificación que elimina la antijuricidad).

Si la Fiscalía establece una acusación por homicidio doloso, implicaría lo siguiente:

  1. La negación de la versión de los hechos proporcionada por la prensa, en el sentido de una probable legítima defensa. Negación que se desprendería de las diligencias de la fiscalía y que la acusada podría ciertamente apelar sí estas no corresponden a los hechos.
  2. La negación de la legítima defensa, en los hechos dados a conocer por la prensa, como causa de justificación del delito tipificado; que también puede ser contrargumentada en primera instancia, donde la exigencia de una perspectiva de género, sería clave.

A mi juicio, en el primer caso, aunque fueran correctas las diligencias, la sociedad daría mayor crédito a la versión de la prensa que a la de la fiscalía; en el segundo caso, una población asolada por la violencia en sus distintas manifestaciones, consideraría más que legítima la respuesta de una joven agredida ya con anterioridad y de manera recurrente: tres balazos contra un agresor no se leería como exceso en un espacio donde la violencia extrema contra las mujeres las mantiene en el constante miedo e incluso con terror (la semana pasada la prensa reportó los brutales asesinatos de 5 mujeres en menos de 36 horas en esta ciudad).

En ambos supuestos, la autoridad se enfrentaría a un considerable repudio social (esto dependería en gran medida de que el caso de Pereda Moreno se mantuviera ventilado en la prensa) con posibles y deseables acciones de protesta. El repudio tendría su base en la desconfianza más que justificada por el descrédito acumulado de unas instituciones de impartición de justicia locales y nacionales, que en un cuarto de siglo de feminicidios y agresiones sistemáticas contra las mujeres de esta frontera, se han caracterizado por sus omisiones, colusiones y franca protección de criminales, especialmente de los de alto perfil cercanos al poder establecido.

En ambos supuestos del caso, nuestra compañera universitaria enfrentaría un juicio cuya penalidad iría de 8 a 20 años de prisión, dependiendo de las atenuantes o agravantes que considere el juez en su resolución o sentencia.

Por otra parte, si la fiscalía establece una acusación por homicidio culposo o el juez desecha, tras  una argumentación en contra, la acusación por homicidio doloso optando por el culposo, esto implicaría que si bien habría exceso en la respuesta frente la agresión esta se mantendría en el marco de la legítima defensa, pero sin diluir la antijuricidad y por tanto una penalidad, aunque atenuada.

Según el Código Penal del Estado de Chihuahua, la pena para un homicidio con exceso de legítima defensa es una cuarta parte de la del doloso, lo que enfrentaría a la compañera a una posible pena de 2 a 5 años de prisión, y si su sentencia es menor a 3 años  podría obtener su libertad con una pena condicional.  Si este fuera el caso, la presión política de familiares, amig@s, compañer@s, feministas y activistas en general jugaría un papel importante para su libertad.

Por último, si se establece que el homicidio fue en legítima defensa, Pereda Moreno quedaría en libertad y sin penalidad. Pero habrá que decir que jurídicamente esto es lo más difícil dada la falta de perspectiva de género a la hora de resolver este tipo de casos y no obstante que la lucha política de las mujeres ha logrado que la ley obligue a su consideración.

El criterio recurrente de “la racionalidad del medio empleado” circunscrito a un contexto meramente inmediato del hecho, sin consideraciones mediatas como el género, la clase o la raza, colocan a nuestra compañera ante un escenario adverso. Es importante plantear que la defensa jurídica de Guadalupe Pereda Moreno gire sobre la consideración de los hechos como legítima defensa velando por la aplicación de la ley dentro de una perspectiva de género. Para lo anterior, sería fundamental retomar jurídica, pero también políticamente, los aportes del Amicus Curiae presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Comité por la Liberación de Yakiri Rubio, precedente importante en este tipo de casos.

Lo más probable es que, de entrada, la autoridad niegue la causa de justificación alegando que los tres disparos realizados fueron desproporcionados o, en el peor de los escenarios, que Pereda Moreno ya no estaba en una situación de defensa.  Estas consideraciones de carácter meramente formal, niegan, como ya lo mencionamos, el contexto mediato donde se puede explicar la respuesta “jurídicamente desproporcionada” y fuera de un restringido cuadro de defensa.

La jurisprudencia con respecto a la legitima defensa, ha sido una interpretación fría, inmediatista, cuya aplicación a rajatabla a las mujeres nos plantea moral y políticamente una injusticia, ya que en un plano mediato, no considerado recurrentemente en la aplicación del derecho, la existencia de una amenaza real y constante contra las mujeres de nuestra ciudad, y del país en general, las coloca en una constante posición defensiva. La exigencia de una interpretación más amplia considerando las cuestiones de género, a la que ya obliga la ley, plantea un problema metodológico para superar el riesgo de caer en un relativismo que terminaría en otras injusticias que las que se pretenden evitar. Frente a este problema jurídico, el deber de darle solución es fundamentalmente de los juristas, como lo es garantizar un juicio justo, con perspectiva de género, para Pereda Moreno. El deber prioritario de cada ciudadano es exigir justicia y no permitir la aplicación de la ley a rajatabla sin las consideraciones de género a las que la autoridad se encuentra obligada.

Pero más allá de lo que pueda decir la ley y la interpretación de la misma, María Guadalupe Pereda debe ser defendida, primeramente a partir de criterios morales y políticos, considerando que su actuar no sólo fue justo y digno, sino políticamente pertinente para el empoderamiento de las mujeres y de su derecho a la autodefensa, en un contexto altamente agresivo que es tolerado, fomentado y construido por un Estado abiertamente criminal.

Debemos defender a María Guadalupe Pereda Moreno porque es probable que los actuales tribunales del Estado de Chihuahua no le otorguen justicia. Debemos defenderla porque el Estado Mexicano, difícilmente considerará el actuar de la estudiante de Derecho como legítima defensa, no sólo por supuestas razones jurídicas, sino también por razones políticas, en tanto que el proceder de la compañera manda un mensaje de hartazgo e indignación frente a la violencia patriarcal y en tanto que hace un llamado digno a la autodefensa, en una sociedad donde impera la ley de los más fuertes. El actuar de María Guadalupe es un llamado que confronta abierta y valientemente este Estado de Excepción donde no se respetan los más elementales derechos humanos.

La libertad de la estudiante María Guadalupe Pereda, como en el emblemático caso de Yakiri Rubio, debe ser exigida por el movimiento de mujeres y por todos y todas los que en general aspiramos a la justicia y la emancipación del género humano. El llamado debe ser a la conformación de un comité por la liberación de nuestra compañera.