Capítulo Primero

VI

Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué razones podrían tener para simpatizar con el EZLN? sobre todo, ¿qué significa que sean indígenas?

He explicado en varios momentos que no estamos preparados para saber qué no es indígena o qué sigue siendo indígena. La cultura es un entramado complejo que abarca alimentación, parentesco, valores morales, formas de ver el mundo. Los que no somos indios hemos hablado siempre de los indios, hemos tratado de decir qué son, qué no son, cómo son, qué piensan, qué no piensan. No sabemos todavía en qué medida México es indígena, en qué medida la espiritualidad indígena ha estado ganando terreno con el paso del tiempo en lugar de estarlo perdiendo.

Para los indios la tierra no es algo inerte, sino un ser vivo, y el hombre, o mejor, los pueblos indios, están al servicio del mundo. La tierra, los manantiales, los ríos, las lluvias, las siembras y las cose- chas representan procesos de entidades vivientes en el mundo visible e invisible que las comunidades tienen que recorrer día con día. Cada una de las etapas del proceso agrícola, cada una de las señales que la tierra, los insectos, las condiciones atmosféricas o la lluvia significan para la vida fecunda del campo, abren una oportunidad de comprender la vida de las cosas de manera deslumbrante y al mismo tiempo secreta.

Su relación con el mundo es una relación entre seres vivientes. De aquí que la comprensión que los pueblos indígenas de México tienen de sus compromisos con la tierra sea sustancialmente distinta a la nuestra.

Para el occidente es obvia la calendarización de la historia: creemos que lo que ha ocurrido una vez ocurrió solo en ese momento y que nada tiene que ver con el momento siguiente. Para la cultura indígena el tiempo tiene otra naturaleza, otra rapidez (u otra lentitud quizás), y es uno de los secretos de la resistencia cultural y de la capacidad combativa de esos pueblos. Para ellos el pasado se encuentra en otra dimensión que sigue coexistiendo con el presente. La memoria indígena es un proceso de revitalización del pasado. Las festividades, las danzas, los rezos, la tradición oral, son la fuerza de una memoria que se comunica con esa otra dimensión en que las cosas siguen vivas. Por ello, cuando hablan de Emiliano Zapata, o de héroes de la remota Conquista, de la Independencia o del siglo XIX, están hablando de una fuerza que se mantiene viva. En esa otra dimensión del mundo el tiempo no transcurre, o es simultáneo, y por ello el pasado convive con lo que estamos viviendo ahora. Así sucede con la memoria de sus luchas agrarias.

En el proceso electoral de Chiapas de 1936 resultó gobernador electo el candidato cardenista Efraín Gutiérrez, pero el gobernador en funciones en ese momento, antiagrarista y de filiación callista, el general Grajales, se rehusó a entregarle el poder. El senador de la república depuso de inmediato al gobernador rebelde. Así empezó el agrarismo en Chiapas. En el Soconusco y la sierra sur se repartieron fincas y se crearon ejidos. En el norte, entre los choles, se expropiaron fincas de norteamericanos y alemanes, como la de el Triunfo; el dirigente chol más recordado y ya elevado a la categoría de leyenda fue Manuel Guzmán, apodado Manuel sol. En los Altos, donde los tzotziles empezaron a recuperar sus tierras, el organizador fue don Erasto Urbina.

En una obra teatral de los escritores tzotziles y tzeltales de sna Jtz’ibajorn (La casa del escritor) de san Cristóbal de las Cassas, Batik ta Pinka (¡Vámonos a la finca El Paraíso!), don Erasto Urbina es el personaje central para descubrir y oponerse a las condiciones de esclavitud a que eran sometidos los trabajadores indígenas en las fincas cafetaleras. Otra obra de estos mismos autores, también escrita en tzotzil, Skotol ta skotol (De todos para todos), se refiere a los levantamientos armados indígenas de Chiapas, particularmente en homenaje al del 1 de enero de 1994; en ella interviene, hacia el final, un personaje mítico, que en otros relatos de tradición oral se enfrenta en combate contra los ejércitos del gobierno: Juan López, héroe o rey indio entre los tzeltales. otras obras colectivas, como Svokol chonetick lo’il ta batz’i k’op (El sufrimiento de los animales) y Yorail Mayetick (Tiempo de los mayas) se refieren al proceso irregular de colonización de la selva lacandona.

Tal proceso de colonización puede verse desde diferentes perspectivas. Una de ellas, importante para nuestro tema, es el agrario. Retomaré aquí, de uno de los libros que he publicado sobre el tema, algunos datos relevantes, en particular la superposición de decretos presidenciales que afectaron territorios de la selva lacandona desde el año de 1966 hasta la fecha. La construcción de hidroeléctricas, el empobrecimiento de la tierra, el crecimiento demográfico, la posibilidad legal de solicitar dotaciones de tierra para fundar ejidos, la explotación del petróleo e incluso la erupción de volcanes motivaron el desplazamiento de choles, tzeltales, tzoltziles y tojolabales hacia las zonas de las Cañadas. Las migraciones iniciadas desde la década de los cuarenta y cincuenta fueron tratadas durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz con un ánimo consecuente: mediante un decreto presidencial se dotaría legalmente de tierras a familias que se asentaban en la selva en zonas de colonización.

El siguiente presidente frenó ese decreto en marzo de 1972 con otro, conocido como decreto de la Comunidad Lacandona, mediante el cual reintegraba 614 mil 321 hectáreas a 66 familias de lacandones, es decir, casi media selva. Este nuevo decreto afectó aproximadamente a casi cuarenta comunidades de choles, tojolabales, tzeltales, tzotziles y zoques que estaban asentados ya en la selva y que tenían años tramitando la formalización o la ampliación de sus dotaciones de tierra. El presidente díaz ordaz había decretado que se les diera posesión legal de las tierras; el nuevo decreto cancelaba el derecho de esas comunidades a poseerlas y aparentemente las devolvía a los lacandones.

El cambio fue beneficioso para ciertos empresarios que contrataron con los “verdaderos” dueños de la selva el derecho a explotar los recursos maderables de caobas y cedros durante diez años a razón de 35 mil metros cúbicos de madera al año, sin estipular precio fijo. La Compañía Forestal Lacandona, S. A., apoyada por nacional Financiera, se dedicó a expulsar de la propiedad de los lacandones a todas las comunidades asentadas en esos territorios. Esta expulsión o “reubicación” de familias que habían sido ya expulsadas años atrás por las presas o el hambre fue el inicio de un complejo proceso político que transformó la vida de las Cañadas a costa de despojos, explotaciones y enfrentamientos de comunidades que con el tiempo serían la base social fundamental del EZLN.

En 1979, un nuevo presidente decretó la reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules, afectando otra vez territorios de las Cañadas y de la Comunidad lacandona, lo que provocó una nueva necesidad de reubicar poblaciones enteras. Los gobernadores que se sucedieron en Chiapas no pudieron o no quisieron resolver a fondo los conflictos originados por la superposición de decretos presidenciales contradictorios, sobre todo porque estos conflictos se intensificaron por el crecimiento demográfico de las mismas comunidades que solicitaban ampliaciones o nuevas dotaciones y porque los gobernadores de Chiapas mostraron preferencia por los grandes propietarios y ganaderos en detrimento de las comunidades indígenas.

Para controlar y detener el impulso de estas comunidades emplearon recursos variados, principalmente el de provocar la división entre las propias comunidades indígenas mediante tres procedimientos esenciales: apoyando la formación o el fortalecimiento de agrupaciones cercanas a organismos gubernamentales, permitiendo la consolidación de guardias privadas en las fincas y estancias ganaderas y, finalmente, presentando a las organizaciones independientes como invasoras o mediatizadoras de los derechos agrarios de otras comunidades. Particularmente represivo y conflictivo fue el período que corrió de finales de los setenta a finales de los años ochenta. Por ello quizás fue el período en que las comunidades de las Cañadas y de los Altos aprendieron a pensar, actuar y organizarse de una manera nueva con los cuadros religiosos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con los miles de catequistas que reflexionaban también de manera distinta sobre su propia condición indígena y con las brigadas que intentaron actuar entre los nuevos colonos de la selva primero como Unión del Pueblo, después como Línea Proletaria y luego como EZLN.

El escalonamiento de los decretos presidenciales culminó en 1992, ya no con otro decreto, sino con la reforma al artículo 27 constitucional, que aseguró la propiedad privada agraria eliminando las secciones del artículo que permitía a las comunidades solicitar el reparto de tierras y autorizando, además, de las tierras ejidales pudieran legalmente comprarse, venderse o usarse como garantía de créditos, a fin de que las empresas privadas, con nuevas asociaciones entre capitalistas y propietarios, pudieran comprar tierras ejidales de acuerdo con nuevos límites legales, dando como resultado que una empresa con 30 accionistas pudiera incrementar 30 veces su propiedad a partir del límite individual. Es decir, se sentaron las bases para legalizar los latifundios familiares o corporativos que ochenta años atrás la Revolución Mexicana se había propuesto combatir (aunque, ciertamente, no en Chiapas).

La falta de solución a las viejas y numerosas peticiones de tierra, que en México denominábamos rezago agrario, afectaba a las comunidades indígenas de Chiapas de distintas maneras. Primero, porque se trataba del estado con mayor rezago; segundo, porque la carencia de títulos definitivos de propiedad aumentaba la posibilidad de desalojo por parte de terratenientes o de asociaciones campesinas oficialistas; tercero, porque impedía otorgamientos de crédito.

En un estudio de María Eugenia Reyes Ramos, El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas, se comprueba que los mecanismos oficiales frenaron siempre las aspiraciones agrarias de las comunidades de la selva. Por ejemplo, 79 comunidades tuvieron que esperar más de 20 años para que se les entregara la tierra solicitada. Otras 66 tuvieron que esperar entre 20 y 39 años la respuesta a sus demandas de tierra en las modalidades de dotación y de ampliación. La comuni- dad el Paraíso, en Margaritas, tuvo que esperar 40 años; el Nopal, en Ixtapa, 42 años: Tamaulipas, ahora Joaquín Amaro, en Pijijiapan, 43 años; las Delicias, en Trinitaria, 45 años; la comunidad de Santa Rosa, hoy Morelos, en Tonalá, 46 años, y el Letrero, en Siltepec, 53 años.

Esto contrasta con la celeridad de los trámites resueltos a favor de terratenientes. Por ejemplo, durante el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez se otorgaron en Chiapas 7 mil 646 certificados de inafectabilidad que ampararon un millón 142 mil 881 hectáreas predominantemente ganaderas. Contrastes así aclaran que uno era el gobierno para finqueros y otro para las comunidades indígenas. Contrastes así muestran las violencia social que no se toma en cuenta cuando aparece la violencia armada en las comunidades.

Descalificamos los movimientos armados campesinos reduciendo sus causas e identificándolas con individuos que una vez aniquilados darían como consecuencia lógica la extinción del movimiento. Cuando descubrimos que la insurrección es resultado de la confluencia de una misma actitud en comunidades enteras, entre poblados enteros, casi siempre es demasiado tarde.

VII

En algún momento de noviembre y diciembre de 1996, el gobierno mexicano tomó decisiones firmes en cuatro sentidos: no reconocer los Acuerdos de san Andrés, no reanudar el diálogo de paz, continuar y extremar el cerco militar en las Cañadas y no frenar el surgimiento de grupos paramilitares en diversas zonas del norte y de los Altos de Chiapas. En estas decisiones fueron seguramente determinantes ciertos enfoques políticos y militares que desde los meses finales de 1994

habrían madurado y desarrollado las premisas que ya eran visibles en las primeras exposiciones del general Miguel Ángel Godínez. La decisión esencial del gobierno mexicano, fue, pues, militar.

El primer y más evidente objetivo tenía que ser el de reducir la naturaleza política y social del

EZLN a solamente su capacidad de fuego. El cerco militar en las Cañadas era el recurso efectivo para neutralizarlo; en términos militares, el EZLN se convertía en un enemigo vencido; no había razones para negociar con él. En términos regionales, los grupos paramilitares bloquearían el desarrollo y la movilización de las bases sociales zapatistas en el norte y en los Altos de Chiapas.

Ambos recursos eran suficientes, los únicos para asegurar el desgaste militar y social del EZLN. Su desgaste militar se conseguiría con el ejército; su desgaste social con los grupos paramilitares y las luchas intercomunitarias. Restaba tan solo plantear el desgaste político del EZLN. Esto requería de otros elementos coyunturales.

Pero el desgate social mediante los grupos paramilitares (o grupos de autodefensa, según los llama técnicamente el ejército o se autodenominan organizaciones como Paz y Justicia) es lento, desgarrador y de efectos devastadores. Puede abrir heridas más severas y prolongarse más tiempo. La masacre de Acteal es solamente un ejemplo extremo y público. El desgarramiento social es diario e incesante. Ahora, con la desaparición de la Comisión nacional de Intermediación (CONAI), con la expulsión masiva de observadores nacionales e internacionales, además del cerco militar en las Cañadas hay un cerco nuevo: el de la privacidad para el socavamiento de comunidades zapatistas mediante los grupos paramilitares.

Durante varios años las autoridades mexicanas expresaron reiteradamente en foros nacionales e internacionales que el conflicto provocado por la aparición del EZLN se reducía a cuatro municipios de Chiapas. Ahora sabemos que la estrategia militar para sofocar al EZLN y a sus bases sociales extendió la violencia armada a veintisiete municipios a través de por lo menos nueve grupos paramilitares y que el ejército mismo amplió su radio de acción a sesenta y seis de los ciento once municipios que componen el estado. Uno entre varios documentos, Chiapas, la guerra en curso, que el Centro de derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. Publicó el mes de febrero de 1998, ubicó en cuadros descriptivos cada una de las fuerzas paramilitares, los municipios y comunidades donde actúan, las armas con que cuentan, los nombres de algunos de sus integran- tes y dirigentes, los nombres de las instituciones gubernamentales o de las personalidades gubernamentales o de las personalidades políticas que los apoyan y, por supuesto, varias de las acciones criminales cometidas.

Estas organizaciones paramilitares se extienden por muchas regiones de Chiapas. Por ejemplo, el “Tomás Munzer” en la zona de la selva (oxchuc, Ocosingo y Altamirano), el “Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatistas” en las Cañadas y norte de la selva (las Margaritas, Oxchuc, Huixtan, Altamirano, Ocosingo, Sitalá, san Juan Cancuc), “Paz y Justicia” y “los Chinchulines” en el norte de la selva (Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palengue, Yajalón, Chilón, ocosingo, Venustiano Carranza). “Alianza san Bartolomé de los llanos” y “Fuerzas Armadas del Pueblo” en los Valles Centrales (Venustiano Carranza) y “Máscara roja” en los Altos (Chenalhó, Larráinzar, Chamula, Pantelhó), y más recientemente “los Puñales”, en Amatenango del Valle y Comitán. Por otra parte, el documento describe y enlista más de doscientos operativos del ejército Mexicano efectuados en numerosos municipios de Chiapas entre el 22 de diciembre de 1997 y el 2 de febrero de 1998. Ninguno de ellos se propuso frenar, desarticular o desarmar a los grupos paramilitares. El curso de la guerra está, pues, al descubierto.

La guerra es un proceso con muchos recursos y facetas. La planeación, organización, sostenimiento y desarrollo de la guerra no son asuntos simples, sino de imaginación, oportunidad, decisión, inteligencia. La guerra no siempre tiene el rostro descubierto. Inventa discursos, imagina causas y explicaciones, cambia los nombres de las cosas. La guerra no siempre aparece diciendo que su nombre es ese.

La guerra dice que ella no mata ni amenaza ni quema ni destruye; son los otros, son los pueblos mismos quienes se enfrentan y combaten entre sí. Conforme la violencia crece en regiones elegidas, ella argumenta que esa violencia la generan las propias comunidades y justifica su intervención como fuerza de pacificación entre todas las partes. Queda al margen de los pueblos mismos. Se presenta como el único factor que puede resolver esas luchas intercomunitarias.

Pero incluso durante el despliegue de sus facetas económicas y de progreso la guerra necesita de privacidad. Quiere a solas inventar cómo ocurren las cosas, insiste en que la versión de la realidad que ella socava provenga solo de ella misma. Nadie más debe acercarse a mirar. La privacidad es importante. Puede y exige prescindir de cualquier mediación. Puede exigir ya un diálogo directo con el enemigo acorralado. Pero el costo social de devastar a incontables comunidades que simpatizan con el EZLN es aterrador y desmesurado. ¿Es justo el costo de vidas humanas y culturas y millares de familias desplazadas en uno de los estados con mayor desnutrición indígena en México para aniquilar militarmente a un grupo armado? No, no es posible aceptarlo ni matizarlo. Se está alentando una violencia incontrolable actual y apuntalando las bases de una violencia guerrillera mayor a largo plazo.

La guerra empezó en fecha temprana, como lo muestro en la novela Los informes secretos. No afirmo que el documento militar que aparece en la novela sea el que aplica actualmente el ejército Mexicano, pero sí que se trata de uno de los documentos que sirvieron de base para la estrategia finalmente acordada. El documento quedó elaborado entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre de 1994 y empezó a aplicarse cuando se celebraban las primeras reuniones de San Andrés en 1995. En la sección llamada “Plan general de Maniobra estratégica operacional para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz” se describe un apartado de Asesoramiento para grupos paramilitares que el documento designó “Fuerzas de autodefensa civil”. Se trataba de conseguir el apoyo de comunidades no zapatistas a proyectos de desarrollo social impulsados por el ejército y las autoridades políticas bajo una estrategia de guerra. Según el documento, correspondía al ejército adiestrar y apoyar a las fuerzas de autodefensa o grupos paramilitares. El plan es claro, pues al final de la sección estableció: “en caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas”.

En otro apartado titulado “segunda Fase de la compañía ofensiva” se instalaron varios procedimientos en cuatro principales bloques. Estos son datos exactos del primero: “el desplazamiento forzado de la población que simpatiza con el zapatismo; la neutralización de actividades de la diócesis de san Cristóbal de las Casas; la captura y expulsión de extranjeros perniciosos; la muerte o control de ganado equino y vacuno; la destrucción de siembras y cosechas; el empleo de grupos paramilitares o de autodefensa civil”.

Estamos hablando de una estrategia de guerra que desde finales de 1997 y abiertamente desde principios de 1998 fue anulando, primero, la diócesis; después, las bases sociales de simpatizantes; luego los grupos milicianos, preparando el camino para un golpe de mano. En otras palabras es la guerra. No una guerra de baja intensidad, porque no es un problema de teorización sociológica. Es la guerra. Es el momento de comprender que tenemos que frenarla. No de creer que el diálogo se ha interrumpido, no, sino de entender que debemos frenar una guerra.