Con la firma de sus órdenes ejecutivas sobre inmigración firmadas este miércoles, Donald Trump inició de manera formal y decidida su guerra contra México. El nuevo régimen ha planteado de manera clara que resguardar la frontera sur de los Estados Unidos es un tema prioritario de seguridad nacional y ha enmarcado a los trabajadores indocumentados como una amenaza semejante a la de narcotraficantes y terroristas. La medidas tomadas por Trump inauguran una nueva fase en la polarización política y social que se ha venido gestando desde que abriera su campaña a la Casa Blanca con la definición de lo mexicano como un peligro para su país. El Muro codifica la xenofobia, el racismo y la vocación bélica de Trump y es un reflejo de la mentalidad de los sectores más retrógrados de la sociedad norteamericana. Por si fuera poco, un día después, mediante un twit, el arma política por excelencia del Trumpismo, el presidente norteamericano ha advertido a su homólogo mexicano que si México no está dispuesto a pagar por la nueva barrera física es mejor que no viaje a Washington para la entrevista que estaba concertada para la próxima semana. “Pagas y te vas”. De esa manera podía resumirse la doctrina Trump para negociar con México. Parece una broma, pero no lo es; desde su triunfo en noviembre este personaje ha dejado de ser cómico y ha mostrado sus facetas más siniestras.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido tardía y hasta el momento timorata. Llama la atención que el presidente Enrique Peña Nieto diga que los consulados serán defensores de los migrantes mexicanos. Se supone que esa es una sus funciones prioritarias, sobre todo en un lugar como Estados Unidos, donde el tema a las vejaciones a los connacionales es un tema histórico.

Esto solamente confirma lo que siempre se ha criticado, que la defensa a los intereses de los migrantes siempre ha sido tibia, insuficiente y negligente. Por el momento, mientras Trump está asignando un presupuesto millonario a sus acciones, el gobierno mexicano solamente habla de dientes para afuera. En días pasados, el cónsul en los Angeles declaraba a la prensa que la gente debía tener preparadas sus boletas para poder inscribir a sus hijos en la escuela en caso de ser deportados.

Mientras tanto, el sábado pasado se movilizaron cientos de miles de personas en las calles del centro de Los Ángeles con motivo de la Marcha Nacional de las Mujeres. El cálculo oscila entre el medio millón y los 750 mil manifestantes. Las autoridades de la ciudad californiana dijeron que era difícil calcular la cantidad, pero que no había habido una movilización de esta magnitud desde las marchas en pro de los migrantes de 2006. Eso habla de la fuerza que el tema tiene en California y en lugares como Los Angeles y San Francisco que se han declarado desde hace muchos años como ciudades santuario. En California residen 2.6 millones trabajadores indocumentados, el 6.3 por ciento de su población. Mexicanos en su mayoría, esta fuerza de trabajo es clave para la economía del estado, pero también un aporte cultural y social a su entramado comunitario. Es por eso que California se ha declarado santuario. Sin embargo, estas regiones de resistencia, como las llamó Michael Moore en su discurso durante la Marcha de las Mujeres, se han convertido también en blanco de la guerra de Trump. En los documentos firmados esta semana ha ordenado esquilmarles las aportaciones federales en caso de no colaborar con sus disposiciones contra los migrantes. En el caso de California, la batalla que se avecina será muy importante, puesto que este estado aporta más de lo que recibe del gobierno central, y no está por demás recordar que los trabajadores indocumentados también pagan impuestos.

Hasta el momento la lucha contra el Muro ha tenido como arena el propio territorio estadounidense, donde las fuerzas progresistas han sido enfáticas en denunciar también los embates en contra de los musulmanes, los afro-descendientes, las mujeres, las minorías sexuales y los refugiados. Es ahí donde desde hace muchos años se han construido redes de solidaridad. Esto se debe a que la agresión a los trabajadores indocumentados no repercute en individuos aislados, sino en el tejido de las comunidades. La incertidumbre, el enojo y la impotencia son emociones compartidas por familias ampliadas en ambos lados de la frontera. Es necesario que en México despertemos a la magnitud de la guerra política, económica y cultural que tenemos enfrente.

La respuesta del país debe ser amplia y debe tener en cuenta lo que esta medida significa para los inmigrantes centroamericanos que pasan por nuestro territorio. El gobierno debe replantearse seriamente la implementación de programas como el Frontera Sur, el cual convierte a México en una virtual extensión de la Patrulla Fronteriza norteamericana. Las estrategias de resistencia a la Guerra de Trump deben ser de amplio espectro. Al igual que sus contrapartes norteamericanas, las comunidades locales mexicanas deberían asumir como santuarios y adoptar políticas acordes, no solamente para los potenciales deportados mexicanos, sino también para los centroamericanos. Junto estamos en el ojo de un huracán.