Tlachinollan es un centro de derechos humanos de la montaña alta de Guerrero que lucha contra la impunidad. Su mérito y prestigio residen en haber logrado que tribunales internacionales hayan juzgado y sentenciado en los últimos años al Ejército mexicano por delitos y abusos cometidos en contra de la sociedad civil.

Es el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, dos indígenas Mphaa de la sierral Sur de Guerrero, quienes fueron violadas por soldados en 2002. Tlachinollan presentó ante la justicia extraterritorial el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, detenidos y torturados por soldados del 40 Batallón de Infantería en Pizotla, Guerrero, en mayo de 1999.

Después de largos años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al estado mexicano castigar a los culpables y reparar el daño económico y de honor cometido contra las víctimas. En ambos casos hubo necesidad de atraer la justicia internacional ya que los tribunales mexicanos se negaron a juzgar al Ejército.

Después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, abogados y activistas de este centro se han dedicado a la defensa legal y política de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, en lo que parece ser una nueva travesía contra la tramposa verdad oficial. Hoy alLímite publica el informe de Tlachinollan sobre este caso, presentado de manera conmovedora en Tlapa, Guerrero, en días recientes.

El informe recoge la voz y opinión de distintos periodistas y activistas sociales convencidos que para que haya justicia en nuestro país deben cambiar las relaciones de opresión e inequidad entre el poder y las clases desheredadas. (jc)

El siguiente es el enlace:

http://www.tlachinollan.org/wp-content/uploads/2015/08/Informe-XXI-Tlachinollan.pdf