A Kau Sirenio lo conocí hace un año en Ayotzinapa. Ambos reporteabamos la desaparición forzada de los cuarenta y tres. Con él recorrí la alta montaña, una de las regiones más inhóspitas pero bellas del estado de Guerrero. En ese viaje intuí que este reportero de sangre Na Savi estaba destinado a contar, desde su lengua antigua, la desgracia que carcome la región. En el siguiente texto, Sirenio nos revela el abandono de los pueblos perdidos del sur, donde ¿ni modo que no? se ceba la ira que alimenta la rebelión. (jc)

Alicia salió de La Concordia para morir en el hospital de Ayutla. Sus padres la llevaron allá porque llevaba tres semanas con fiebre, y en su pueblo no había medicinas ni médico. En esta comunidad del municipio de Ayutla, Guerrero, los niños mueren por tuberculosis, sarampión o diarrea, y resultan comunes las enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Tiene un centro de salud que cierra los viernes a partir de las 3:00 de la tarde: el médico y el enfermero que lo atienden dejan la comunidad los fines de semanas.

El domingo 22 de noviembre, Minerva llevó a su hija Alicia al hospital de Ayutla. No habla español y no tuvo traductor. Ingresó a su hija para que la atendieran, pero les dijeron que era imposible salvarla. Horas después murió. Ese mismo día comenzó una preocupación más para Minerva: ahora necesitaba mil doscientos pesos para regresar a La Concordia para el sepelio.

A este pueblo ñuu savi le falta de todo: medicinas, agua potable, transporte, servicio de telefonía y alimentos. Los lugareños tienen que bajar a Ayutla a comprar lo necesario, en una camioneta que sale a las 5:00 de la madrugada y regresa a las 2:00 de la tarde.

“Desde hace dos meses que salimos de la contingencia de la Chikungunya se nos agotó el Paracetamol, pero aún no nos surten. Estamos sin medicinas”, dice el enfermero Luis Antonio que atiende a por lo menos cinco comunidades más aparte de La Concordia.

Agrega: “Fíjate que lo que más falta son las medicinas; la gente viene y no tenemos, además de que no tenemos material de curación”.

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En la zona indígena de Ayutla de los Libres la persecución en contra de los líderes comunitarios se agudizó desde 1998. El 15 de abril de ese año y el 11 de julio del 2001, catorce hombres me´phaa (tlapanecos) de El Camalote fueron cooptados por la brigada sanitaria integrada por el médico general operativo Ernesto Guzmán León, el promotor médico Rafael Almazán Solís y la enfermera Mayra Ramos Benito con la promesa de ayudas gubernamentales (una clínica, médico, medicamentos, despensas, ropa, cobijas, vivienda y becas) a cambio de que aceptaran esterilizarse.

No es el único caso. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó otros hechos en las comunidades de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, también del municipio de Ayutla de los Libres. Otros 16 indígenas na savi (mixtecos) fueron convencidos de practicarse la vasectomía, bajo el mismo método de promesas y engaños.

Pero se han registrado acciones más graves en contra de estas comunidades. En El Charco, el 7 de junio de 1998, soldados de 48 Batallón de Infantería asesinaron a diez indígenas na savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la escuela primaria de esa comunidad se encontraban reunidos líderes y comisarios de las comunidades, a los militares acusaron de pertenecer a un grupo armado.

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En febrero y marzo de 2002, soldados de 41 Batallón de Infantería ultrajaron a Inés Fernández, de Barranca Bejuco, y Valentina Rosendo Cantú, de Barranca Tecuani; ambas, indígenas me’phaa. Sus casos los conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 13 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron levantados en pleno centro de la cabecera municipal por tres sujetos con armas largas que se identificaron a gritos como policías. Sus cuerpos aparecieron ocho días después con huellas de tortura y el tiro de gracia.

Raúl Hernández Abundio fue detenido en un operativo que militares y Agentes de Federal de Investigación el 17 de abril de 2008 y recluido en la cárcel municipal de Ayutla. A Bernardino García Francisco lo detuvieron soldados de 48 Batallón de Infantería, el 20 de agosto de 2013, en la Casa de Justicia de El Paraíso. Dos meses después, aprehendieron a Arturo Campos Herrera, en Chilpancingo. Ambos líderes fundaron la policía comunitaria después de cumplir con las formalidades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria en la asamblea regional de la Concordia.

Después de El Charco, más de 20 líderes comunitarios han sido asesinados, se ha encarcelado a tres más y 30 fueron esterilizados.

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A La Concordia se llega en hora y media por la única vía que existe para esa zona, primero sobre la carretera pavimentada que llega hasta El Paraíso en una hora; después, media hora más por un camino de terracería. Muchos caminan este tramo sin pavimentar en dos horas.

Algunos campesinos que no alcanzan el único servicio de transporte público, se cooperan para pagar los 800 pesos que cobran los taxis hasta La Concordia; los que no pueden pagar, porque no vendieron sus productos, se quedan hasta el día siguiente para viajar en la camioneta que cobra 50 pesos. La mayoría duerme en el portal del edificio del ayuntamiento.

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En La Concordia viven 997 personas, 473 hombres y 524 mujeres, de éstos 249 no tienen ninguna escolaridad, 219 tienen una escolaridad incompleta y 28 tienen una escolaridad básica, de acuerdo con el último censo del INEGI.

El centro de salud de este pueblo atiende a cinco comunidades más: El Coyul, El Coquillo, La Palma, San Felipe y El Mesón. La gente de estos lugares, tiene que caminar de una a dos horas para llegar a la clínica, y si no encuentra al médico tiene que ir a Ayutla. En muchos de los casos se les entrega una receta para comprar medicinas. En cualquier de los casos tienen que desembolsar de doscientos a mil pesos en pasaje, más la compra de medicamentos.

–Aquí no hay nada, te puedes morir de la noche a la mañana porque no hay medicinas ni doctor –dice Heladio Pedro Morales, mientras toma su refresco.

Los pobladores sobreviven de la agricultura, siembra de maíz, frijol y caña, que es la fuente de ingreso familiar.

–Acá, somos más autogestivos –agrega el campesino–; si no fuera por el cañaveral y el frijol, creo que ya nos hubiéramos muertos de hambre. Tenemos dinero por el piloncillo que vendemos en Ayutla, aunque lo pagan a muy barato.

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Sentado en la única mesa de la comisaría municipal de El Coquillo, el comisario Elpidio Castro habla con el reportero en su lengua materna, porque nunca fue a una escuela para aprender a leer y escribir.

“La única obra fue la construcción de la comisaría en 2004 (traducción), de ahí no hemos tenido nada. Aquí no hay apoyo del gobierno, municipal, estatal y federal, estamos abandonados; la carretera se rastrea cada año. De ahí no pasa”, dice mientras ordenas sus documentos.

La única forma de llegar a El Coquillo es caminando dos horas desde La Concordia, primero entre el tupido cañaveral que adorna el camino; luego, subiendo cerros por una brecha serpenteante, al lado de la cual se observan cultivos de frijol y maíz. Casi al llegar a la comunidad, los pinos sueltan su agradable fragancia y brindan al caminante una reconfortante sombra.

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Dos profesores atienden a grupos multigrados de 47 niños descalzos y con uniformes desgastados por el uso diario durante todo el ciclo escolar.

Cuando alguien de aquí requiere atención médica tiene que bajar a La Concordia, de allí a Ayutla depende de la suerte del día. Cuando venden sus cosechas tienen que salir del poblado a las 2:00 de la madrugada para alcanzar transporte a la cabecera municipal.

“Aquí somos pacíficos, no es necesario la policía comunitaria; además, nos alcanza para cubrir con los cargos. De por sí somos pocos, de los cuales nos dividimos en mayordomía, comités de escuelas y cargos en la iglesia”, explica el comisario.

Las mujeres sólo participan en el comité de salud y el programa asistencialista Prospera, pero no en la toma de decisiones comunitarias. Es común que empiecen a vivir en pareja a los 15 años, ya sea que se casen o que se vivan en unión libre. No hace mucho, una adolescente de 16 años dio a luz a una niña. Ella y su esposo son padres adolescentes.

“No tenemos nada. Aquí no hay comedor que se instalaron por la Cruzada contra el Hambre. Ésos sólo en La Concordia como ves, no hay transporte, menos vamos a tener telefonía, agua potable, centro de salud. Apenas si tenemos dos tienditas que nos venden lo necesario”, describe el secretario de la comisaría, Ignacio Juárez de los Santos, que a la vez sirve de intérprete del comisario.

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María Luisa anda entre el cañaveral cortando quelites para la comida. Desde donde está se oyen el canto de los gallos y el ladrido de los perros de su pueblo, El Coyul, un caserío de apenas 200 habitantes, en el que destacan la comisaría, la escuela y la iglesia.

Desde hace varios años, dos mujeres de la comunidad enfermaron de tuberculosis, pero no han tenido tratamiento adecuado. A María Laureana de la Cruz le dijeron en el hospital de Ayutla que no tienen medicamentos, sólo le entregaron la receta para que las compre en la farmacia, pero eso será hasta que pueda bajar a vender sus frijoles y panela.

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María Luisa suspende el corte de quelites para conversar conmigo. Me dice que ella cuida sus chivos todos los días porque son lo único que tiene de valor; sus demás pertenencias consisten en unas gallinas y unos puercos. Voltea a ver las cañas y sonríe: “Pronto tendremos trabajo, porque ya viene la molienda de la caña; en un semana más, estaremos haciendo panela para vender”.

Con Patricio Gaudencio Porfirio platicó en su casa. Cuando hablo de medicinas o médico, sonríe y aprovecha para encomendarme que diga que en su pueblo la gente se enferma porque no hay médicos ni medicinas.

–¿Cómo le hacen para viajar a Ayutla en temporada de lluvia? –le pregunto en su lengua materna, tu’un savi (mixeco).

–Cuando llueve, pues nos quedamos en la casa; acá es más fácil morir de la enfermedad, porque no hay transporte. Además, los transportistas no hacen el viaje, porque el camino se pone muy feo –contesta preocupado.

María Laureana interviene, entre ataques de tos, para decir que ella no es la única que tiene esa rara enfermedad, sino que hay otra persona. “Cándida Marcelina Sabino tiene la misma tos (traducción); ya fuimos al médico, pero nomás dicen que estamos bien, aunque la maestra de mi hijo dice que tengo tuberculosis. Hay veces que tengo calentura y dolor de cabeza, pero con medicina cacera se me quita”.

Aún no termina de explicar cómo prepara su brebaje cuando Patricio retoma la plática. Ahora se queja de cuando el expresidente municipal Severo Castro Godínez mandó a asfaltar la carretera, Ayutla-La Concordia. “Empezaron a rastrear el camino en tiempo de lluvia, lo que hacían en el día se desmoronaba en la noche con la lluvia. Así estuvieron y nunca terminaron de pavimentar el camino”.

Agrega: “Aquí siempre nos han engañado. Cuando el exgobernador Ángel Aguirre Rivero andaba en campaña electoral, nos prometió que una vez que ganara la gubernatura vendría de nuevo para hacer la carretera de La Concordia a San Luis Acatlán, pero nunca vino y tampoco se hizo el anunciado camino”.

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Minerva Emiliano Porfirio observa la foto de su hija Alicia, de seis años, fallecida a causa de tuberculosis. “(traducción) Mi hija la mató la pobreza. No tuvimos dinero para comprarle su tratamiento, y en el centro de salud nos dijeron que no había medicinas. El domingo que se puso grave la llevamos a Ayutla, pero no sirvió de nada. Nomás la llevamos a morir”, dice con voz entrecortada.

En la casa de Minerva, se respira es el abandono. El resto de los hermanos menores de Alicia, tienen la panza abultada y andan descalzo. No tienen siquiera un petate para dormir. La percepción de miseria que cala hasta los huesos, se dispara cuando Cristino García Ceferino comenta:

“Vendimos el frijol y maíz a tiempo; a la hora de cosechar vamos a entregar todo lo que levantemos, porque debemos mucho dinero; además, vendí mis caballos y puercos. Estamos en la peor miseria”.

Minerva no quiere dejar el tema de su hija. Dice que ella se enfermó y que la llevaron a Acapulco, donde estuvo internada diez días. Va a su cuarto, tarda unos minutos y regresa con una hoja en la mano. Es la referencia médica de cuando abandonó el hospital.

En el documento se lee que Minerva ingresó al hospital por aborto séptico; además, le diagnosticaron probable diabetes mellitus. “Gastamos mucho dinero allá, cerca de 18 mil pesos; de ahí mi esposo vendió todo lo que teníamos”.

Agrega: “Por eso cuando se puso muy mal mi hija, ya no supimos qué hacer. Vendí mis pollos para juntar mil pesos para pagar la camioneta que nos llevó, pero mi hija ya no resistió. Murió en la noche en que la internamos. Después buscamos quien nos apoyara con mil doscientos para traerla de regreso”.

Cristino y Minerva vendieron todo, hasta la casa y el solar; ahora viven arrimados con el hermano de Cristino, en una casita que no tienen drenaje ni piso, a la que le falta de todo. Ahora tienen que trabajar para pagar los casi treinta mil pesos que pidieron prestados, para la curación de Minerva y el sepelio de Alicia.

En La Concordia se hizo la asamblea regional para fundar la policía comunitaria el 20 de diciembre de 2012. Heladio Pedro Morales dice que desde esa fecha recobraron la seguridad en la región, que antes, los militares subían cada semana a las comunidades, pero había asaltos y asesinatos a plena luz del día.

Desde que detuvieron a Bernardino y a Arturo, ya no suben, “pero nosotros estamos bien porque hay seguridad que nosotros mismos hemos implementados”, dice.