La desaparición de 43 estudiantes y el asesinato a mansalva de otros tres, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, es la señal más bárbara del alto grado de criminalidad que impera en el actual régimen. El hecho en sí y sus impredecibles consecuencias sin duda corresponde al sello aciago que marcará para siempre la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Ayotzinapa es el rostro crudo de la barbarie y la negación absoluta de la existencia de un país civilizado. La noche del 26 de septiembre develó de manera descarnada los vínculos entre el Estado y el crimen organizado, utilizado, ahora, para liquidar voces opositoras.

La estupefacción y el repudio generalizado de los hechos tiene que ver contra quién fue dirigida, pero, también por los tiempos y la manera alevosa en que fue perpetrada.

En la era en que las reformas legislativas de Peña Nieto —calificadas recientemente por Noam Chomsky de suicidas—, ofertan los activos más preciados del país, la lógica demencial de la desaparición forzada y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa choca contra la narrativa de un México que se vende como bastión democrático en el mundo.

Si este fuera un país donde se respeta la ley abría que preguntarse cómo y porqué la presunta impericia de la policía de dos municipios minúsculos del sur, pese a su fama de violentos, tiene temblando al establisment.

Mientras la sociedad no tenga la certeza de los resultados de una investigación a fondo se seguirá cuestionando ¿Porqué las policías de Iguala y Cocula entregaron a un escuadrón de matones del narcotráfico a un grupo de estudiantes?

¿A caso los policías confundieron a los estudiantes con delincuentes y a los narcos de Guerreros Unidos con agentes de algún Ministerio Público?

¿En que momento la policía decidió llamar a los narcos para que le echaran la mano en una especie de solución final con los estudiantes?

¿Porqué tanta ceguera homicida en un país que se pretende interlocutor en la mesa de dialogo internacional?

Más allá de la muy publicitados vínculos entre José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y la mafia de Guerreros Unidos, nos sorprende un hecho que no puede pasar inadvertido: ¿cómo la detención de los estudiantes no llegó a oídos de la casa donde despachaba Angel Aguirre, gobernador de Guerrero?.

En tiempos de las comunicación rápidas y la efectividad de los teléfonos celulares, los ingenuos nos seguimos preguntado ¿porqué la policía Federal y el Ejército, dos instituciones supuestamente de élite, no se percataron de un acto criminal, en el que, después de haber sido agredidos y baleados, con tres muertos por adelante, 43 jóvenes eran detenidos y entregados por policías municipales a un escuadrón de matones a manera de canje de favores?

Después del arresto de un grupo de policías, supuestamente involucrados en la desaparición de los estudiantes, y de la detención de Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como principal cabecilla de Guerreros Unidos, es extraño que el aparato, inteligente, integrado para investigar el caso, siga finalmente especulando sobre el paradero de los estudiantes.

Si son ciertos los testimonios recogidos por Alejandro Solalinde, un sacerdote valiente y prestigiado por su defensa a los migrantes, y se comprueban como fidedignas las declaraciones de los últimos detenidos, cuyas versiones coinciden en lo sustancial con la denuncia del religioso, en términos de que los estudiantes fueron quemados vivos por sus captores, el Estado procederá al juzgamiento de los policías y sicarios detenidos, después de la caída de Angel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero y la aprehensión de José Luis Abarca y de su consorte María de los Angeles Pineda.

Sin embargo, esta estratagema, por lo visto, no aplacará la indignación entre miles de jóvenes y cientos de organizaciones sociales de México y el mundo.

En la medida que pasen los días, el gobierno y sus voceros oficiales, reforzarán la tesis de que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa ocurrió debido a la estupidez con que opera la policía y los grupos del crimen organizado.

Incapaz de reconocer el significado profundo de los hechos, el circulo rojo de Peña Nieto se negará a aceptar que atrás de Ayotzinapa se halla la posición política y el reclamo radicalizado de sus estudiantes. Ayotzinapa es reflejo del estado de pobreza y miseria en que se debate la mayor parte de población en el país. En México existen 54 millones de mexicanos pobres y otros 11 millones en miseria extrema, según censos oficiales.

Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa son parte de este circulo perverso de desigualdad económica que ahoga a la periferia mexicana. Mientras que el arca de los 27 súper ricos de México se ha calculado en 169 mil millones de dólares, existen 6.7 millones de mexicanos —15 por ciento de la población ocupada— que sobrevive con un salario mínimo de mil 615 pesos al mes.

Desde Lucio Cabañas, Genero Vazquez, Othon Salazar, Misael Nuñez y ahora los 43 desparecidos de Ayotzinapa, el reclamo nuclear de las escuelas normales rurales no ha sido otro más que la justa distribución de la riqueza en un país controlado por una clase opulenta y rapaz.

Quién duda, entonces, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se trate del primer crimen de Estado en tiempos de las reformas estructurales.

Si queda en la impunidad, Ayotzinapa seguirá despertando una serie de protestas incendiarias, cuyo tono lo marcará su carácter imprevisible, pero, sobre todo, la conciencia de que en México estas muertes ya no pueden seguir siendo inútiles.

Entonces, señores de la prensa, no nos hagamos, las piedras, los palos, las bombas, las barricadas, y todo lo que está por venir, siempre lo pondrán los del otro lado.

En este clima de luto, rabia y vergüenza nacional, alLímite se suma al reclamo de las voces que claman justicia y exigen: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!